La interminable carrera de obstáculos que deben superar cada día las pequeñas y medianas empresas españolas ha vuelto a encontrar otra piedra en su camino. En este caso se trata de la liquidez o, mejor dicho, la falta de ella. Tal y como ha alertado recientemente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, encargada de representar a 1,5 millones de pymes y 4,5 millones de trabajadores, una de cada tres compañías podría desaparecer en un corto plazo si no se ponen en marcha una serie de medidas dirigidas a abordar tanto los problemas de liquidez como la ruptura de la cadena en los plazos de pago que puede llegar a producirse en los próximos meses.
Esta tendencia vuelve a repetirse, ya que ocurrió de forma similar durante la crisis financiera de 2008, y es una de las principales conclusiones del informe sobre plazos de pago correspondientes a 2021, elaborado a través de una encuesta que ha contado con la participación de 800 empresas. De hecho, aquellas enmarcadas en el sector de la construcción, el turismo y la distribución se erigen como las más afectadas por la falta de liquidez.
Tal y como señala el documento, en 2021 la ratio de impagados fue del 4,8% de las facturas frente al 5,4% registrado en 2020. No obstante, a pesar de que se trata de una cifra más baja, está enmarcada en un contexto caracterizado por dos elementos. En primer lugar, se trata del segundo año de la crisis y, además, es un momento en el que se acerca la devolución de los créditos ICO que comenzará a partir de mayo. Por ello, apuntan que pueden surgir problemas de liquidez y, como consecuencia, que las empresas opten por no pagar sus facturas.
Por su parte, en relación con el retraso en el abono de los recibos, el documento indica una reducción “sustancial” tanto en el sector privado como en el público. El primero ha pasado de 84 a 72 días de media, mientras que el segundo de 77 a 61 días. Sin embargo, en cualquiera de los casos, las cifras superan el plazo máximo fijado por la ley para pagar facturas, fijado en el sector privado en 60 días y en el público en 30 días.
En este sentido, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad explican que la reducción descrita ha sido posible gracias a “los 11.000 millones de ayudas directas a empresas condicionadas a no tener facturas impagadas, así como los 18.000 millones de euros que se inyectaron a las comunidades autónomas y la libre disposición de los superávits de los ayuntamientos”. Por ello, también advierten de que como estos fondos no estarán disponibles este año, son “necesarias medidas adicionales como la ampliación de la carencia de los créditos ICO con el fin de evitar otra crisis de liquidez».
