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Procedimiento Especial para Microempresas

La Simplificación y Flexibilidad del Procedimiento Especial para Microempresas

El procedimiento especial para las microempresas constituye un mecanismo judicial diseñado para agilizar y simplificar los trámites asociados al proceso concursal. En consonancia con los Antecedentes de la Reforma al TRLC, se busca mantener la toma de decisiones por mayoría de los acreedores y una mínima intervención judicial, priorizando la necesidad y proporcionalidad en la intervención judicial. El juez únicamente intervendrá para tomar decisiones fundamentales o resolver disputas planteadas entre las partes.

Herramientas para facilitar el procedimiento especial para microempresas

Para facilitar este proceso, se han implementado diversas herramientas, muchas de las cuales se encuentran resumidas en el artículo 687 del TRLC. Se prevé la realización telemática de los actos procesales, así como la comunicación entre las partes mediante formularios accesibles en línea, sincronizados con entidades como AEAT y la TGSS. La Orden encargada de establecer las condiciones de acceso y funcionamiento del servicio electrónico para el uso de los formularios normalizados, están integrados en el Servicio Electrónico de Microempresas, alojado en el Portal del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia.

Agilidad del proceso

En cuanto a la agilidad del proceso, el artículo 687 del TRLC concede al juez la facultad de dictar resoluciones de manera oral al finalizar la vista, del mismo modo se limitan los efectos suspensivos de los recursos, quedando a la facultad del juez el otorgar dicho carácter suspensivo en base a la regulación civil.

El deudor deberá de pronunciarse bien en la apertura de negociaciones, bien en la solicitud de concurso, sobre si se solicita un procedimiento de continuación o de liquidación, así como si pretende o no la transmisión de la empresa en funcionamiento.  Esto ha generado un procedimiento flexible que no sigue un orden lineal, permitiendo a deudores, acreedores y socios responsables de deudas optar por diferentes modalidades de continuación o liquidación, según las circunstancias específicas de la microempresa.

La elección inicial de modalidad no es definitiva, ya que tanto deudores como acreedores pueden modificarla en determinadas circunstancias durante el proceso. Esta elección del deudor no es definitiva en tanto que el mismo puede solicitar bajo determinadas circunstancias el cambio desde un procedimiento de liquidación a un procedimiento de continuación y viceversa. La apertura del procedimiento especial conlleva la suspensión de ejecuciones. Sin embargo, la suspensión no afectará a los créditos con garantía real (siempre que sean necesarios para la continuación de la actividad).

Reducción de costes

En aras de reducir costes, se ha restringido la participación de profesionales e instituciones. Se establece la necesidad de asistencia letrada y representación procesal mediante procurador, excluyendo la necesidad de administrador concursal y del experto en reestructuraciones en el período de negociaciones, excepto cuando el deudor lo solicite.

Se parte del principio de continuación de la actividad, permitiendo al deudor concursado conservar sus facultades de administración o disposición, aunque estas pueden ser modificada a petición tanto del deudor como de los acreedores (y en el caso de haberlo del administrador concursal) teniendo en cuenta las mayorías y requisitos establecidos en el TRLC. Estas solicitudes podrán resultar sobre limitación, intervención o sustitución de las facultades del deudor, aplicando la regulación concursal ordinaria subsidiariamente.

En el caso de liquidación, se permite el nombramiento de un administrador concursal a solicitud del deudor y los acreedores bajo determinadas circunstancias, con la peculiaridad de que el juez puede nombrar uno a petición de un único acreedor, cuando el deudor haya provisto información insuficiente o inadecuada, o haya observado un comportamiento que genere dudas razonables sobre la conveniencia de realizar las operaciones de liquidación, siendo el coste a cargo del deudor.

Los posibles escenarios: probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual

El procedimiento especial para microempresas presenta un ámbito de aplicación amplio y flexible, siendo sus presupuestos comparables con los del preconcurso y bastante más amplio que el ámbito de aplicación del proceso del Libro I. Este procedimiento permite que un deudor en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual acceda a él, salvo que busque su tramitación como procedimiento especial de liquidación sin transmisión de la empresa en funcionamiento, para lo cual se exige su insolvencia actual o inminente.

Apertura de negociaciones antes del procedimiento especial para microempresas

Antes del procedimiento en sí, el artículo 686 del TRLC permite a cualquier microempresa comunicar al juzgado competente para la declaración del concurso, la apertura de negociaciones con los acreedores, la comunicación debe ajustarse a lo establecido en el artículo 585 del TRLC, para el procedimiento de reestructuración. Entendemos que, a pesar de la falta de mención expresa a la probabilidad de insolvencia definida en el artículo 584 del TRLC, se debe entender aplicable al procedimiento especial en virtud del principio de supletoriedad.

Apertura del procedimiento especial instada por el deudor

La apertura del procedimiento especial puede ser instada por el deudor en ciertas circunstancias, y otras personas distintas a él también tienen legitimidad para hacerlo. Respecto al deudor, el artículo 691 del TRLC establece que, asistido por abogado, puede solicitar la apertura del procedimiento especial mediante formularios normalizados, presentados en la sede judicial electrónica, notarías, registro mercantil o cámaras de comercio. En este proceso, se requiere que el deudor explique las causas y el alcance de las dificultades financieras y «el tipo de insolvencia en el que se encuentra».

La apertura del procedimiento especial es facultativa para el deudor, aunque se convierte en obligación en ciertas circunstancias: tiene el deber de solicitarlo dentro de los dos meses siguientes al conocer, o deber conocer, el estado de insolvencia actual, presumiéndose su conocimiento si existen hechos externos reveladores de la insolvencia. En el mismo sentido, encontrándose en situación de insolvencia actual, y habiendo fracasado el periodo de negociaciones debe solicitarlo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del periodo de tres meses en los que se desarrolla el proceso de negociaciones. El incumplimiento de este deber puede conllevar presunción de culpabilidad en ciertos casos, cuando se llega a la calificación del concurso.

El artículo 691.5 del TRLC también establece el deber de solicitud del procedimiento especial dentro de un mes después de los tres meses del impago de obligaciones tributarias, de seguridad social y salarios, entre otros. En este caso, la sanción que conlleva el incumplimiento resulta en que las quitas y esperas que resulten de la aprobación de un eventual plan de continuación no afectarán a los créditos tributarios y de seguridad social. En otros artículos hemos expresado el tratamiento excesivamente protector de los créditos públicos en el TRLC, nuevamente podemos observar una protección excesiva de este tipo de créditos, imponiendo una sanción desproporcionada que puede condicionar al fracaso el futuro procedimiento concursal, o puede hacer completamente inútil el plan de continuación.

Este procedimiento especial se presenta como una herramienta crucial para microempresas en dificultades financieras, denotándose en la regulación la preocupación del legislador por este tipo de empresas, que como dijimos, representan la mayoría del tejido empresarial español. En este sentido se aprecia, con la inclusión de la probabilidad de insolvencia y la insolvencia inminente, la intención del legislador de fomentar las negociaciones previas, promover la continuación de la empresa y evitar la liquidación.

Los Planes de Reestructuración en el procedimiento especial para microempresas

En caso de solicitud de concurso especial, tanto si es solicitado por los acreedores como por el deudor se deberá optar por el procedimiento especial de continuación o de liquidación. En el caso del procedimiento de continuación, regulado en el del título II del libro tercero, el plan de continuación deberá presentarse en los diez días hábiles siguientes a la declaración de apertura.  La falta de presentación del plan dentro del plazo designado conlleva la conversión automática del procedimiento en uno de liquidación, salvo en lógicas excepciones recogidas en los artículos 693 y 697 del TRLC.

El contenido del plan de reestructuración se divide en: necesario, flexible, potestativo y prohibido (697 ter y 698. TRLC).

Las alegaciones, votación, aprobación y homologación del plan siguen el esquema previsto para los planes de reestructuración, aunque con algunas reglas especiales. La aprobación del plan implica una votación por clases, siguiendo la graduación de los créditos del concurso de acreedores. Respecto a los acreedores que no participen en el proceso de votación, se establece: que se entenderá que el acreedor que no emite voto alguno lo hace a favor del plan, pretendiendo así incentivar la participación activa de los acreedores.

A diferencia de los planes de reestructuración, la aprobación del plan de continuación no puede ser impuesta al deudor. Es necesario el consentimiento del deudor y, si el plan afecta los derechos de los socios, se requerirá el acuerdo de estos.

Una vez aprobado el plan, se puede solicitar la homologación judicial, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación, si transcurre dicho plazo sin haber formulado la solicitud, el plan se considera tácitamente homologado, a menos que la mayoría se haya obtenido por ausencia de voto o se incluyan créditos de acreedores públicos en el plan.

Cuando el plan haya sido aprobado por todas las clases de créditos o por las mayorías necesarias. se requiere que el plan supere la prueba del interés superior de los acreedores, (Libro II). Cuando no se hayan conseguido las mayorías requeridas y se busca su extensión la homologación procederá siempre que el plan sea justo y equitativo.

Se considera justo y equitativo cuando la clase arrastrada recibe un trato «más favorable» que cualquier otra clase de rango inferior, del mismo modo los acreedores afectados no deben ser perjudicados sin justificación.

Procedimiento Especial de Liquidación: Etapas y Aspectos Relevantes

Una de las alternativas que se puede adoptar este procedimiento especial es la liquidación, la cual puede ser solicitada por el deudor o los acreedores que representen un veinte por ciento del pasivo desde el inicio. El deudor podrá especificar si proyecta la transmisión del negocio en funcionamiento o su simple liquidación. También podrá, como es evidente, solicitarse la liquidación por el administrador concursal.

La apertura de la liquidación puede ocurrir por la falta de aprobación de un plan de continuidad, la falta de homologación de un plan aprobado o el incumplimiento del deudor respecto a un plan homologado, siempre encontrándonos en insolvencia actual (según el artículo 705.1. del TRLC). Además, procederá su inicio cuando el deudor no cumpla con las obligaciones tributarias o ante la Seguridad Social, habiéndose producido este impago tras la solicitud de concurso.

El deudor o el solicitante de la liquidación, deberá presentar el plan de liquidación dentro de los veinte días hábiles siguientes a la apertura voluntaria. Simultáneamente, dentro de este plazo, tato cualquier acreedor, como cualquier persona con crédito contra el deudor que busque su inclusión en el proceso, pueden realizar alegaciones sobre la cuantía, características y naturaleza de su crédito. Estos trámites paralelos permiten la presentación de nuevas alegaciones y, de ser necesario, la modificación del plan de liquidación aprobado para favorecer la satisfacción de los acreedores.

El contenido del plan de liquidación debe detallar los tiempos y modos de liquidación del activo, con especial énfasis en la valoración individualizada de cada bien o categoría de bienes. Se da preferencia a la venta como unidad productiva del establecimiento o unidades productivas exigiendo, en ese caso, una valoración realizada por un administrador concursal o un experto designado.

En cuanto a la ejecución, el plan se vuelve inmediatamente ejecutivo si no existen objeciones, si existe, pero no implican la paralización de la ejecución, será ejecutivo a los 10 días. Si estas objeciones interfieren en la ejecución, se suspenderá el plazo de ejecución por un máximo de tres meses, extensible por un mes adicional a solicitud del deudor o del administrador concursal.

Se introduce la plataforma electrónica para la liquidación de bienes, a través de subastas electrónicas periódicas y, en casos justificados, mediante venta directa.

Una vez concluida la liquidación y el pago de los acreedores, se requiere la presentación del informe final dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la liquidación.  Este informe deberá presentarse por parte del deudor o administrador concursal, solicitando la conclusión del procedimiento.  La culminación del procedimiento puede darse cuando se hayan liquidado los bienes y derechos, y aplicado lo obtenido a la satisfacción de los créditos, sin oposición dentro de plazo, o habiéndose resuelto desfavorablemente. De igual manera, el procedimiento termina cuando se constate la insuficiencia de la masa activa para satisfacer créditos contra la masa.

En conclusión, el procedimiento concursal para microempresas es un instrumento útil, que recoge los principios concursales de continuación y acuerdo previo, dando facilidades y reduciendo los costes de un procedimiento ordinario.
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