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El procedimiento especial para microempresas en la ley concursal

El procedimiento especial para microempresas en la ley concursal

El procedimiento especial para microempresas en la ley concursal

A principios de este año entró en vigor el procedimiento especial para microempresas, regulado en el Libro Tercero del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante, TRLC). Como recordaremos, la entrada en vigor de estos preceptos se retrasó debido a la necesidad de desarrollar los formularios electrónicos previstos para este tipo de procedimientos. Este artículo es el primero de dos en los que analizaremos este procedimiento especial, su importancia, ámbito de aplicación y especialidades.

La Orden JUS/1333/2022, de 28 de diciembre, de condiciones de acceso y modo de funcionamiento del servicio electrónico para la cumplimentación de los formularios normalizados y de las especificaciones técnicas de la plataforma electrónica prevista en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma al texto refundido de la Ley Concursal, aprobó dichos formularios. Finalmente, el procedimiento ha quedado diseñado como un procedimiento hibrido, preconcursal y en su caso concursal organizado por módulos.

La importancia de este procedimiento es esencial, en tanto que se aplicará a las empresas que constituyen el noventa por ciento de las empresas españolas, y dan empleo a casi cuatro millones de personas en este país. Por estos motivos, el procedimiento especial está llamado a atender a las dificultades financieras de una parte considerable del tejido empresarial español.

Las microempresas requieren un tratamiento especial al tener, normalmente, un carácter familiar, siendo administradas por los propios socios, teniendo, en muchas ocasiones, un modesto capital y escasa capacidad de negociación con sus acreedores. Adicionalmente, son más vulnerables y tendentes a asumir riesgos con la finalidad de salvar su negocio, de tal manera que llegan al procedimiento concursal en una situación financiera, si cabe, más debilitada que el resto de las empresas.

El procedimiento para microempresas reúne elementos del concurso y del preconcurso, siguiendo un sistema modular, siendo posible acceder al mismo en caso de probabilidad de insolvencia. Igualmente, se alivian las cargas económicas asociadas al acceso al concurso, haciendo voluntaria la asistencia de profesionales y dando acceso al concurso a través de formularios en línea.

Ámbito de aplicación

El articulo 685.1 del TRLC regula el ámbito de aplicación del procedimiento de microempresas, estableciendo que se aplicará a personas físicas o jurídica, que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y que reúnan los dos siguientes requisitos

  1. Que, durante el año anterior a la solicitud hayan tenido una media de menos de diez trabajadores.
  2. Que, en las últimas cuentas aprobadas, el volumen anual de la cifra de negocios haya sido inferior a setecientos mil euros o alternativamente tengan un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros.

Es decir, debemos encontrarnos ante personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial o profesional, esto implicaría que los autónomos podrían acudir a este procedimiento. Sin embargo, no parece que los empresarios persona física (autónomos) o las personas jurídicas que se dedique a la agricultura, artesanía o a actividades artísticas, puedan incluirse en el ámbito de aplicación de este procedimiento. Lo anterior es debido a la ya clásica delimitación doctrinal de lo que se puede considerarse actividad empresarial o profesional, que excluye estos oficios.

Otras normas, como la Ley de Defensa de la Competencia o la Ley General de Consumidores y Usuarios, han establecido su ámbito de aplicación en las personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad comercial, empresarial, profesión u oficio, incluyendo así a los agricultores, artesanos y artistas. Sin embargo, el TRLC ha decidido acoger únicamente a los profesionales, y por lo tanto entendemos que agricultores, artesanos y artistas están excluidos del ámbito de aplicación del procedimiento de microempresas, debiendo acudir por ello al Libro I o II en caso de concurso o preconcurso.

En lo que respecta a las personas jurídicas, debemos entender que, si bien la norma no distingue entre entidades públicas o privadas, deben entenderse excluidas las de carácter público y las que integran la organización territorial del estado. Sin perjuicio de lo anterior, no queda claro si las sociedades y fundaciones públicas deben quedar excluidas, habiendo posicionamientos doctrinales a favor de incluir este tipo de sociedades y fundaciones en el ámbito de aplicación si cumplen los requisitos expuestos en el articulo 685.1 TRLC.

Por otro lado, analizando los términos concretos, en concreto la expresión que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional, el artículo parece exigir que la persona física o jurídica esté efectivamente realizando una actividad empresarial o profesional en el momento de la solicitud, excluyéndose en ese caso las empresas que hayan cesado su activad de forma previa a la solicitud.

En este sentido, los Juzgados de lo Mercantil de Málaga (Juzgados nº1, 2 y 3), en su segundo acuerdo del año 2023 determinaron que, para la admisión a trámite del procedimiento de microempresas, la persona física o jurídica solicitante debía encontrarse realizando la actividad, no siendo admisible la solicitud del empresario que hubiese cesado su actividad.

El ámbito de aplicación del procedimiento de microempresas se ha visto sustancialmente reducido, en comparación con el Anteproyecto de la Ley de Reforma del Texto Refundido, que consideraba microempresa aquellas que tuviesen un volumen de negocios anual o balance general anual no superior a dos millones de euros y con menos de 10 trabajadores.

La reducción del umbral ha sido cuestionada por la doctrina, en tanto que implica que un gran número de empresas se quedarán fuera del ámbito de aplicación de este procedimiento especial y, consecuentemente, sujetas a las normas ordinarias del Libro II del TRLC en lo que se refiere al procedimiento preconcursal, con las implicaciones que ello tiene en la posibilidad de continuidad de la empresa y viabilidad de esta.

Debemos concluir, que los deudores que reúnan las características descritas anteriormente deberán acogerse exclusivamente a las disposiciones del Libro III, estando consecuentemente excluidas de la aplicación del Libro I y del Libro II, que únicamente se aplicaran de forma supletoria en los aspectos no regulados en el Libro III, pudiendo además si fuesen personas naturales, acogerse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho recogido en el Libro I.

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