A raíz del “Estado de Alarma” decretado por el Gobierno de España y ante la crítica situación de emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos todos, muchas son las preocupaciones añadidas que, dentro de toda esta complicada situación, vienen quitando el sueño a familias, autónomos, trabajadores y empresas.
Mirar al futuro hoy produce vértigo e incertidumbre y es al Estado, en coordinación con el conjunto de Comunidades Autónomas, a quién corresponde tratar de paliar el daño y transmitir seguridad a los ciudadanos.
En los últimos días son múltiples las normativas que se han ido dictando, tanto por el Gobierno de España como por las Comunidades Autónomas, todas ellas tendentes a tratar de minimizar, en la medida de lo posible, el impacto social y económico provocado por la situación de crisis generada por el COVID-19.
En este primer artículo recogeremos de forma esquemática la normativa que se ha dictado a nivel estatal hasta el día de hoy, con el fin de facilitar al lector su localización y la comprensión de su evolución.
NORMATIVA ESTATAL:
Destacan: Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables; medidas de apoyo a los autónomos; medidas de protección de los consumidores; medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19 (industrialización, PYMES y Autónomos); medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables (suspensión de desahucios y lanzamientos, prórroga extraordinaria de arrendamientos de vivienda habitual, moratoria de deuda arrendaticia, definición de la situación de vulnerabilidad, acreditación de condiciones subjetivas); aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19; definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria; moratoria de deuda hipotecaria; suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria; derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19; garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua; beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social; medidas de apoyo a los autónomos.
Desde NR2 Abogados seguimos trabajando y estaremos encantados de poder ayudarles, asesorarles y ampliar la información que ustedes precisen, contando con un equipo especializado en la materia.
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